Las recientes investigaciones sobre la mina de Cerredo han revelado una serie de irregularidades que han dejado al descubierto la falta de control en esta explotación. Los testimonios de los trabajadores supervivientes, junto con la evidencia recopilada por la Guardia Civil, sugieren que la actividad extractiva ilegal no solo era conocida, sino que había estado en marcha durante un tiempo considerable antes del trágico accidente que ocurrió en marzo de 2025.
Las informaciones previas, como las publicadas por La Nueva España, ya insinuaban que el funcionamiento de la mina se realizaba al margen de las autorizaciones pertinentes. La documentación que se ha ido incorporando al sumario judicial refuerza esta impresión, dejando en evidencia los fallos en la supervisión de la actividad minera.
Operaciones ilegales antes de 2022
Los testimonios de los trabajadores indican que la extracción de carbón sin autorización se había iniciado en el sexto piso de la mina desde 2022. Este periodo coincide con el primer accidente mortal registrado, el cual fue precedido por advertencias de un agente de Medio Natural que había documentado la presencia de maquinaria y acumulaciones de material fuera de la bocamina.
Luego del accidente, la dirección general de Minas tomó la decisión de paralizar la explotación. Sin embargo, esta suspensión solo se mantuvo hasta la primavera de 2023. Una vez levantada la prohibición, la empresa reanudó las actividades, enfocándose nuevamente en la extracción de mineral, a pesar de que los permisos solicitados estaban limitados a la recolección de chatarra y residuos antiguos.
Actividad intensiva en el tercer piso desde principios de 2024
A finales de 2023, el tercer piso de la mina se convirtió en el epicentro de la actividad minera. Las labores de reparación y acondicionamiento de las galerías comenzaron, preparándose para la extracción de carbón que se iniciaría en enero de 2024. Durante este periodo, se mantuvo un ritmo constante de producción, alcanzando varias toneladas diarias.
Esta actividad no pasó desapercibida para los habitantes de la zona, quienes enviaron alertas a la administración autonómica sobre movimientos sospechosos en la bocamina. Sin embargo, las inspecciones que se llevaron a cabo no lograron identificar la actividad extractiva, ya que se limitaron a constatar trabajos de acondicionamiento.
Inspecciones sin resultados significativos
Durante el año 2024, se registró al menos una visita de los inspectores de Minas a la zona. Esta inspección, que se realizó en áreas previamente explotadas, fue breve y se llevó a cabo con el conocimiento previo de la empresa, lo que permitió que continuaran sus operaciones sin ser detectadas.
Además, un agente de Medio Natural había presentado informes gráficos que evidenciaban la acumulación de madera y materiales en el tercer piso. Sin embargo, no se registraron acciones administrativas posteriores que abordaran estas irregularidades, lo que sugiere una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes.
Transición hacia la zona del siniestro
Al inicio de 2025, la actividad extractiva se trasladó hacia una nueva capa de carbón, justo en la zona donde meses después se produciría la explosión. Los testimonios de los supervivientes indican que la intensidad de la actividad aumentó considerablemente en este momento, así como el volumen de mineral extraído.
El carbón obtenido era transportado y tratado en instalaciones cercanas, incluyendo un lavado en La Robla, lo que refuerza la idea de que estas operaciones eran parte de un sistema organizado y continuo que operaba a pesar de la falta de permisos.
Una explotación conocida y tolerada
Las evidencias recopiladas pintan un cuadro preocupante sobre la extracción de carbón en Cerredo. Durante más de un año, esta actividad se mantuvo activa, con un conocimiento parcial de distintos actores, pero sin una intervención administrativa efectiva. Esta situación, según las investigaciones, precedió directamente al accidente de 2025, poniendo de relieve las deficiencias en el control que rodeaban a una explotación que, a la luz de los hechos, no estaba tan oculta como se había creído inicialmente.
- Inicio de extracción sin permiso en 2022.
- Paralización temporal tras el primer accidente mortal.
- Reanudación de actividades con permisos limitados en 2023.
- Concentración de actividades en el tercer piso a finales de 2023.
- Inspecciones que no detectaron irregularidades significativas.
- Intensificación de la extracción en la zona del siniestro en 2025.
La falta de control y supervisión en la mina de Cerredo no solo ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de regulación minera, sino que también ha costado vidas. Este caso resalta la necesidad urgente de revisar los mecanismos de vigilancia y control en las explotaciones mineras, para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.
